Mipyme en Colombia
introducción
La utilización de frases como: “la empresa familiar”, “la famiempresa”, “la microempresa”, “la pequeña empresa”, “las empresas Pyme”, las empresas Mipyme” o “la gran empresa”, hacen referencia a empresas con características peculiares y que muchas veces dan lugar a confusiones para los análisis e investigaciones referentes al tema; cada país tiene acuñadas sus definiciones propias, con similitudes genéricas con otros. La importancia de estas empresas en la economía de los países es innegable, por lo que se precisa individualizarlas para brindarles acompañamiento formativo y el apoyo económico estatal. El presente artículo pretende hacer un aporte a la clarificación de estas ideas enmarcándose dentro del contexto colombiano.
Conviene, entonces, comenzar por identificar el criterio principal que según la Superintendencia de Sociedades, caracteriza y define una empresa familiar en Colombia: es la propiedad, y la define como: “aquella en la cual los miembros de una misma familia deben poseer más del 50% del capital”; representan el 68% de las empresas, donde solo 30% sobreviven a la segunda generación y menos del 10% pasan a la tercera generación (Gaitán y Castro, 2001). El porqué las empresas familiares desaparecen fácilmente o la familia pierde el control en la primera generación es uno de los cuestionamientos que se ha tratado en muchos estudios con respecto a este tema, pero quizás la explicación más simple es que ello ocurre cuando las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa no están adecuadamente equilibradas.
De modo que el problema radica en no poder comprender que empresa y familia son sistemas diferentes, con objetivos y formas de operar distintos, lo cual se convierte en el principal origen del desequilibrio en la relación familia–empresa. Esto lleva a confundir la propiedad con la capacidad de dirección, las relaciones comerciales con las afectivas, el flujo de caja del negocio con el personal, etc.; todas estas confusiones terminan restando competitividad al negocio familiar.
Diferencias entre una empresa familiar y una Mipyme en Colombia
Una Empresa Familiar, requiere al menos tres cosas, que la familia tenga control sobre la propiedad y la dirección del negocio, y además que haya una voluntad de permanencia, es decir que estén implicadas más de una generación. Si me defino como Pyme, sólo doy información acerca del tamaño, pero si me defino como Empresa Familiar, está claro que hay objetivos de empresa, valores, y características que son exclusivos de la Empresa Familiar.
La empresa familiar tiene una identidad similar a cualquier empresa pero tiene como diferencia que el grupo familiar influye directamente en la gestión y dirección de la sociedad. Algunos requisitos para que la empresa se considere como familiar:
- Propiedad accionarial: La mayoría de las acciones pertenecen a los fundadores o miembros de la familia o tienen el capital social de la empresa.
- Control: obtener la mayoría de votos.
- Gobierno: alguna parte de la familia pertenece en la gestión de la empresa familiar.
- Derecho de voto: El Instituto de la Empresa Familiar dice: "Compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social".
Estas características de la empresa familiar deja en manos del núcleo las decisiones más
importantes del negocio.
Por otro lado de manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, que estas son las características generales con las que cuentan:
- El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una “sociedad”.
- Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica.
- Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 250 personas.
- Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo que en el capital.
- Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional.
- Están en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y aspira a ser grande.
- Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades.
- Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo1.
En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desarrollan su actividad productiva en medio de una paradoja. De un lado, su aporte a la economía es incuestionable pero, por el otro, existen condiciones y entornos que disminuyen su competitividad y no les permiten ser el motor que podrían ser, sobre todo en épocas de desaceleración como la actual.
Mientras este segmento de empresas, que representa más de 90% del sector productivo nacional es responsable de 35% del PIB y genera 80% del empleo, según el Dane, por el otro, su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos, así lo ven diferentes actores de la vida económica nacional.
Sergio Clavijo, presidente de Anif, asegura que el primero cobija a los dueños. “Las 22 mediciones realizadas hasta la fecha de la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif revelan varias falencias de las Pymes del país. En primer lugar aparece la visión de muy corto plazo que tienen este tipo de empresarios. El empresario Pyme hace muy poca planificación de su negocio a más de seis meses-un año, lo que reduce sus posibilidades de crecer”, explica.
En la práctica, según agrega, en este tipo de empresas la prioridad es atender los asuntos del día a día, dejando de lado temas que pueden marcar diferencia en los mercados como la generación de valor agregado.
“Esto se refleja en indicadores como los financieros donde, según la GEP 2006-2016, cerca de 60% de las Pymes del país de todos los sectores solo pide prestado para cubrir su flujo de caja de corto plazo, pero no para ninguna actividad innovadora o de expansión (como remodelación o adecuaciones)”, asegura.
Un tercer factor que las afecta es el bajo nivel de diversificación de los mercados.“Por ejemplo, cuando se les pregunta a las Pymes colombianas por la importancia para su negocio de mercados diferentes a los de la ciudad de origen de la empresa, menos de 45% responde que estos son importantes, según la GEP del segundo semestre de 2016. Y en el caso internacional es peor: menos de 7% responde que estos mercados son importantes”, advierte Clavijo.
Rosmery Quintero, presidente de Acopi, considera que en las Mipymes predomina la escasa sofisticación de su aparato productivo, la falta de una cultura exportadora y la informalidad laboral.
Los retos
Frente a este panorama, en un año que plantea dificultades de todo tipo, los retos para estas empresas son diversos. “Sobrevivir y crecer en un mercado que es cada vez más exigente en términos de productividad y competitividad, soportando unas altas cargas tributarias, altos costos laborales y falta de flexibilización laboral”, asegura Quintero.
La directiva gremial considera que “es muy importante la participación de las Mipymes” en el reto que se ha impuesto el país de alcanzar en 2018 exportaciones de bienes y servicios no minero-energéticos por US$30.000 millones. “Frente a esto, las Pymes deben seguir apostándole al mejoramiento de los procesos de gestión y al desarrollo de la innovación en sus productos y servicios”, agrega Quintero.
De acuerdo con Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, el mejoramiento de la productividad debe ser la apuesta sectorial. Para ello, recomienda avanzar en la generación de valor agregado e innovador y en un aporte de las autoridades en todos los niveles.
“De allí la necesidad de que las políticas regionales de desarrollo empresarial impulsen la formación de capital humano calificado y la innovación. Además, el país debe seguir avanzando en el fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo productivo y propender por la consolidación de los procesos de asociatividad empresarial, principalmente aquellos relacionados con las iniciativas clúster priorizadas por los departamentos”, aseguró.
En un año en el que el crecimiento de la economía del país tiende a la baja, las Mipymes aparecen como una ficha vital para darles vuelta a las previsiones, pero hay que posibilitarles el juego.
Formalizarse, la clave
Frente a los retos de las Mipymes en el país, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, asegura que el gobierno nacional se trazó el objetivo de “lograr una Colombia moderna”. Para lograrlo, según explica, el aparato productivo del país deberá “diversificar y sofisticar nuestra oferta de productos y servicios, dependiendo cada vez menos de las exportaciones minero-energéticas y de variables como la tasa de cambio”.
De acuerdo con la funcionaria, la meta del cuatrienio 2014-2018 es que cerca de 2.000 Mipymes en el territorio nacional mejoren su productividad en 15%. Este plan requerirá de una mejoría “significativa” de su capacidad de innovación, de su capital humano y de que estas se inserten en las cadenas de valor locales, regionales y/o globales.
Entre las acciones adelantadas por el Ministerio para alcanzar este objetivo figura la formalización de las empresas en un contexto en el que un “74,6% de los micronegocios no tienen ningún registro ante cámara de comercio”, explica. De acuerdo con Lacouture “desde la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010 y la implementación de la estrategia para la formalización, más de 976.075 empresas en Colombia han podido acceder a los beneficios de la formalización empresarial”.
Además, para fortalecer esta cultura y crear competencias entre los proveedores que mejoren su productividad y los haga más competitivos, se desarrolla el programa “Encadenamientos Productivos Formales”.
“En 2016, este programa logró que 40 empresas del sector textil y confecciones en Antioquia y Bogotá incrementaran su productividad en un promedio de 48%, aumento en número de clientes y en el número de productos manufacturados. Adicionalmente, estas empresas lograron disminuir en promedio 31% el tiempo de entrega de sus pedidos, 83% inició la aplicación de normas Niif en sus procesos de contabilidad, 65% estructuró o mejoró su modelo de negocio y 63% inició la implementación del sistema de seguridad y salud laboral. Las 40 empresas emplean actualmente a 1.034 personas”, agregó.
Para continuar con la modernización de las Mipymes, la funcionaria explica que este año se ejecutará un plan que incluye acciones como la lucha anticontrabando, el aumento de la formalización en las cadenas productivas y la reducción y simplificación de trámites.
competitividad de las Mipymes en Colombia
Según las mediciones internacionales de competitividad, Colombia tiene muchas oportunidades para mejorar. Tres indicadores internacionales de competitividad muy comunes lo colocan en una media, el índice de Competitividad Global, preparado por el Foro Económico Mundial (FEM), que para el año 2009 posiciona al país en el puesto 69 (perdiendo 5 puestos con respecto al año anterior) entre 134 países; el índice de Competitividad del Institute for Management Development (IMD, 2009) de Suiza, con el puesto 51 entre 55 países y el índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business, DB) del Banco Mundial con la posición 37 para el año 2010 y 49 para 2009 entre 183 países. (Doing Business, 2010; Conpes, 2008). La Fig. 1 muestra la posición relativa de Colombia en cuanto a competitividad.

Este desempeño depende en especial de los indicadores sobre los que es medido el país y de los cuales acata directamente el enfoque macroeconómico las características gubernamentales y los planes de gobierno, los planes de desarrollo y, por supuesto, su ejecución. De igual forma, el componente microeconómico será vital para entender el fortalecimiento de las empresas, especialmente en tres indicadores: su capacidad de integrarse, su capacidad de innovar y su flexibilidad para adaptarse a los mercados y desarrollar productos que puedan encontrar su nicho. En la Tab. 1 se puede observar el desempeño en cada uno de los indicadores del índice global de competitividad para Colombia, donde se resalta que el principal atraso que ha tenido el país está directamente relacionado con los factores de innovación y sofisticación de negocios; siendo estos los factores que más fácilmente pueden ser impactados por las compañías, es de gran interés el trabajo sobre ellos. El esfuerzo deberá realizarse en el desarrollo de bienes y servicios altamente adaptados a procesos productivos eficientes y que respondan a las necesidades de los mercados, procesos innovadores y la capacidad de las organizaciones de integrarse para aprovechar las sinergias propias del desarrollo de canales adecuados de formación, información, desarrollo tecnológico, impacto en el medio ambiente, entre otros.
De esta información es significativo resaltar que el esfuerzo empresarial se centra en los dos últimos pilares (sofisticación e innovación), en los cuales se verifica el compromiso de fortalecer varios indicadores. En general se considera que una posición por encima de 60 puntos es desventajosa para la productividad del país; en este sentido, los procesos productivos, los mercados, los procesos de integración empresarial definidos como el desarrollo de los clústeres, la capacidad de gestión en términos de disposición para delegar autoridad y los elementos de la innovación deben ser reforzados para alcanzar mejores niveles de competitividad empresarial. Obviamente el impulso microeconómico no es suficiente; también se requiere que el gobierno ponga especial énfasis en los otros pilares.
Complementario a esta información, puede apreciarse en la Fig. 2 el índice de competitividad del país y la cercanía de la medición para el país con aquellas naciones que tienen economías orientadas a la eficiencia.
Política nacional de competitividad y productividad
Teniendo en cuenta estos resultados, el Gobierno Nacional colombiano publica en el Conpes 3527, de junio de 2008, su Política nacional de competitividad y productividad, desarrollada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual, apoyado en la Ley 811 de 2003 sobre el desarrollo de cadenas productivas, establece cinco pilares para la política de competitividad del país. El primer elemento tiene que ver con el desarrollo de modelos de integración empresarial basados en el fortalecimiento de los sectores, clústeres y cadenas productivas de clase mundial, a la par que con el estudio de la importancia de zonas francas, parques industrias y tecnológicos, entre otros. Un segundo ítem se refiere al fortalecimiento en la productividad y su relación con el empleo vinculado con el tercer pilar que implica el mejor desarrollo del talento humano y finalmente un nivel más institucional caracterizado por el fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y el desarrollo de estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión.
De igual forma, el informe evidencia las dificultades para que Colombia sea más competitiva, centrándose en doce elementos sobre los cuales se fijará una política:
- Poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos productivos.
- Baja productividad y capacidad de generación de empleo en los sectores formales.
- Baja productividad del sector agropecuario.
- Altos niveles de informalidad empresarial y laboral.
- Bajos niveles de innovación y absorción de tecnologías.
- Poca profundidad y sofisticación del mercado financiero.
- Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía.
- Baja calidad y poca pertinencia de la educación.
- Estructura tributaria poco amigable a la competitividad.
- Rezago en penetración de tecnologías de información y conectividad.
- Degradación ambiental como limitante de la competitividad.
- Debilidad de la institucionalidad relacionada con la competitividad (Conpes, 2008).
El gobierno formula la visión del año 2032 como política de competitividad fundamentándose en la innovación y basado en tres elementos fundamentales (Conpes, 2008):
- Desarrollo de sectores/clústeres de clase mundial.
- Salto en la productividad.
- Formalización empresarial y laboral.
Las Pyme: su situación en Colombia
Colombia define la Pyme según sus activos totales y el número de empleados (Ley 905 de 2004), sin importar la actividad que desempeñe. En Estados Unidos y Europa, la Pyme se define dependiendo de su sector. Sin importar cuál sea el criterio (ventas, activos, empleados, etc.), el ideal es que el tamaño de las compañías sea relativo a su propio sector. Tab. 2.
Las Pyme mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los países de la región. En 2004 representaban el 96% de las empresas del país, generaban el 66% del empleo industrial, realizaban el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagaban el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo (Velásquez, 2004). Para 2005, la Pyme colombiana representó alrededor del 97% de los establecimientos, casi una tercera parte de la producción y de las exportaciones no tradicionales y un 57% del empleo industrial, así como un 70% del empleo total (Garzón, 2005).
Su distribución en diferentes áreas se concentra en el comercio, con un 54,66%, servicios con un 31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52% (Giraldo, 2007).
En cuanto a los sectores que impactan, se puede ver en la Fig. 3 el predominio de los servicios, seguido del comercio, la industria y, finalmente, el sector agropecuario.
Con respecto a su ubicación geográfica, se concentra la mitad en Bogotá, seguida de Medellín y Cali, como se aprecia en la Fig. 4.
En cuanto a su crecimiento, los sectores con mayor potencial son las cajas de compensación y el turismo, seguidos de la ganadería y los alimentos; entre los estancados están los abonos, los fármacos y el tabaco. Se puede comparar el crecimiento de la utilidad operacional y el crecimiento en ventas en igual lapso. El patrón ideal de crecimiento estaría si todas las Pyme están en los sectores que crecen rentablemente. En ese "cielo competitivo" están el turismo, productos cárnicos, restaurantes, vehículos y construcción (34%). En caso contrario entre las Pyme que tienen ventas y utilidades decrecientes se encuentran el comercio minorista de alimentos, las bebidas y el tabaco, los licores, las droguerías, las confecciones, los productos e insumos agrícolas, y el cemento con el (28%). Los sectores que disminuyeron sus ventas pero no su utilidad operacional son aquellos que atraviesan una etapa de reducción de costos. Esa es una estrategia normal de las épocas de recesión: sectores de comercio mayorista de alimentos y bebidas, ganadería, asesorías, y fabricación de maletas y bolsos, y representa el 10%. Restan los que crecen de una forma no rentable, ya que su incremento en ventas no es acompañado por un crecimiento en la utilidad operacional. Se trata del 28% de los sectores. Allí están los textiles, metales básicos y los no ferrosos, papel, celulosa y cartón ondulado, enseres domésticos y productos plásticos (Dinero, 2006).
El 50% de las empresas exportadoras en el país corresponde a pequeñas y medianas empresas (Pyme), pero apenas 18,6% de ellas vende con éxito en el exterior, según la investigación Perfil de la Pyme exportadora exitosa: el caso colombiano, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes Colombia). El estudio analizó 8.325 empresas exportadoras colombianas de la industria manufacturera, con base en información oficial del DANE, Proexport, Supersociedades, Confecámaras y la propia Fundes (2006).
Al igual que las Pyme latinoamericanas, las colombianas enfrentan diversos obstáculos. Uno de los principales tiene que ver con su corta duración y su alta tasa de mortalidad (Cámara de Comercio, 2009), lo mismo que la inseguridad general prevaleciente en el país como consecuencia del agudo conflicto interno. Un diagnóstico realizado por expertos muestra que este conflicto afecta profundamente las diversas dimensiones que entran en la determinación de la competitividad. En segundo lugar se encuentran tres problemas, estrechamente relacionados entre sí, que requieren la máxima atención de la política pública si se quiere que el país mejore su competitividad: i) la inestabilidad en las reglas de juego para la actividad económica privada, ii) la corrupción en la administración pública, y iii) las limitaciones del sistema judicial. En tercer lugar, la restauración de la estabilidad macroeconómica evidenciada por los siguientes temas: i) la reforma del sistema de transferencias de las entidades territoriales; ii) la reforma del sistema de pensiones; iii) el control cuidadoso del endeudamiento público para evitar que la relación de la deuda al PIB continúe creciendo; iv) una nueva reforma tributaria, y v) el impulso a una ley de responsabilidad fiscal que imponga reglas para la conducción de la política fiscal. En cuarto lugar se encuentran la escasez y el costo del crédito, el escaso desarrollo del mercado de capitales y, posteriormente, la necesidad de mayor innovación (Melo, 2003).
Un estudio realizado por Acopi señaló que el 47,5% de los empresarios encuestados eran afectados por el contrabando, el cual sigue igual o en aumento, mientras que el 67,2% lo eran por el incremento en las tasas de interés. Frente a las variables financieras, el 60,7% considera que son regulares las condiciones de acceso a capital de trabajo. El 50,8% opina que las líneas de acceso a crédito de largo plazo son también estables. Muy a pesar de bajar el costo del crédito, el 78,7% de las Pyme se mantuvo igual o aumentó el nivel de endeudamiento al finalizar el año 2007, con una dinámica en expansión que se aprovechó en actualización tecnológica de cara a las nuevas condiciones de mercado por acuerdos comerciales próximas a legitimarse como el TLC. Respecto al crédito extrabancario, el 50% de las Pyme expresó no utilizarlo, y por primera vez en varios años se presentó un comportamiento de disminución entre quienes acudían a este: cerca del 16,4%, muy por debajo del reporte del tercer trimestre de 2007 cuando fue del 28,9%, y del 23,0% en el último trimestre del año anterior (Núñez, 2008).
De estos obstáculos, se señaló la recesión económica itinerante en los últimos tiempos como un problema de alta gravedad y jerarquía, seguido en dificultad por el tipo de cambio, el cual pasa de devaluación fuerte a reevaluación; los bajos niveles de inversión y desinversión; el desempleo y la contracción de demanda. Para los empresarios los últimos factores son solucionables de forma más fácil con política pública que el primero. Una cuantificación de algunos de ellos se puede observar en la Fig. 5.
Ante estas dificultades, el Gobierno Nacional ha realizado algunos esfuerzos por crear un ambiente de competitividad favorable, tales como los encuentros de productividad y competitividad, la conformación de clústeres (Minindustria, 2010), la conformación de cadenas productivas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007; Minindustria, 2010), los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior, Carce, la Agenda de conectividad, el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, la Ley Pyme, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Fomipyme (Mincomercio, 2007) y la Visión 2019. De igual forma se ha adoptado el enfoque de competitividad sistémica por parte de organismos estatales y privados; es así como se tienen en cuenta todos los diferentes factores que afectan la competitividad desde un punto de vista integral y a nivel global. Sin embargo, se requieren herramientas o técnicas que posibiliten sacar provecho de dichos conceptos. La Ley 590 permite crear bases en el nivel macro y meso para una competitividad sistémica, pero es evidente que la desarticulación de todos los actores que podrían ayudar al fortalecimiento y desarrollo real del sector es un gran inconveniente, dado que aunque se tienen programas orientados al apoyo de los proyectos de las Pyme, se dificulta su operacionalidad, se duplican esfuerzos, recursos, y finalmente se frustran las aspiraciones del pequeño empresario así como los resultados esperados de cada institución comparados con los objetivos inicialmente propuestos (Morales, 2007).
Entre las áreas críticas para conseguir ese fortalecimiento y desarrollo del sector están la infraestructura vial, la informalidad, la eficiencia de la justicia y la calidad en la educación, entre otros. De lograr mejorarlas, el país podría conseguir más fácilmente la meta de tener en 2032 un ingreso por habitante cercano a los US$20.000, una tasa de pobreza menor a 15%, una tasa de informalidad laboral por debajo de 40%, y una mayor convergencia social y económica entre los departamentos (Gómez, 2009). Los recientes avances se dan en campos más específicos, como las aprobaciones de la Ley Contable, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Reforma Financiera, la Reforma Legal a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y la Ley de TIC. También se reglamentaron la Ley 590 de 2000 que facilita el pago gradual de los parafiscales, y la Ley de Insolvencia; se lanzaron las políticas de educación para la primera infancia y de emprendimiento, y se lograron grandes progresos en el programa de transformación productiva que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Adicionalmente, se dieron avances significativos en simplificación de trámites, los cuales le permitieron a Colombia pasar del puesto 53 al 37 entre 183 países en el indicador sobre facilidad de hacer negocios del Banco Mundial (Grupo del Banco Mundial, 2010).
El Consejo privado de competitividad de Colombia propone ocho frentes que permitirán conseguir las metas de largo plazo:
1. Formalización: la informalidad, tanto laboral como empresarial, en Colombia supera el 55% y no se han logrado reducciones sustanciales en los últimos años. Así mismo, se establece que los costos laborales no salariales en Colombia ascienden al 58%, cifra que debe reducirse para disminuir los incentivos de ser informal. El CPC propone impulsar una ley pro formalización para que de manera transversal simplifique y reduzca sustancialmente las obligaciones tributarias, laborales y contables a las Pyme en sus tres primeros años de existencia.
2. Ciencia, tecnología e innovación: en Colombia los insumos necesarios para innovar son escasos, lo que hace evidente que la innovación en el país requiere un ambiente más favorable para el emprendimiento productivo, en particular, capacidad de absorción tecnológica y disponibilidad de capital de riesgo. Con este propósito es indispensable revertir la tendencia decreciente que en la última década presenta el presupuesto destinado a Colciencias.
3. Infraestructura, transporte y logística: una de las principales restricciones al crecimiento económico de Colombia es el rezago en infraestructura vial, no solo por los atrasos, sino también por la ineficiencia en los procesos aduaneros y la falta de una industria competitiva de servicios de logística. Es urgente el fortalecimiento institucional del sector creando una Comisión de Regulación que, tal como ocurrió en el sector eléctrico, gracias a la estabilidad y una adecuada regulación, logre atraer la inversión local y extranjera en las cuantías requeridas.
4. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): este sector presentó un crecimiento de 6,4%, tasa de crecimiento representativa entre 2002 y 2008. Sin embargo, aún existe una brecha digital en el acceso a bienes y servicios relacionados con TIC, lo que hace necesario focalizar políticas que permeen los beneficios de estos servicios. Una de las propuestas que presenta el CPC está dirigida a ampliar los niveles de bancarización a través de banca móvil y a reducir significativamente los elevados costos de acceso a la banda ancha, que impide su masificación en las Pyme y en los hogares de estrato medio.
5. Educación: la cobertura de educación preescolar en Colombia es la más baja de los países de referencia, hecho que limita de entrada el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños. La alta prevalencia de anemia en menores de cinco años y mujeres embarazadas en Colombia preocupa por su relación con retrasos en el desempeño intelectual, baja productividad y bajo desarrollo económico y social de las personas.
6. Bancarización y asignación eficiente del ahorro: el sistema financiero colombiano se ha fortalecido y mantenido un crecimiento destacable durante los últimos dos años, al lograr avances sustanciales en los indicadores de bancarización, el crédito, los activos y el mercado de capitales. Los retos se concentran en ampliar el acceso al crédito a las Pyme y mantener la dinámica de colocación de bonos privados en el mercado.
7. Sistema tributario: las tarifas de los impuestos corporativos y de los procedimientos tributarios (más engorrosos) continúan siendo considerablemente más altas en Colombia que en el promedio mundial. A pesar de que Colombia ha avanzado significativamente en materia de simplificación y acceso al sistema tributario nacional, todavía hay mucho camino por recorrer. El sistema tributario colombiano continúa generando distorsiones por concepto de tratos preferenciales y sobrecargas tributarias.
8. Justicia: pese al aumento de los recursos públicos dirigidos al sector, el tiempo y los costos incurridos para hacer cumplir un contrato continúan obstaculizando la competitividad del país. Aunque la productividad media por juez ha mejorado en los últimos dos años, esta última todavía no es suficiente para satisfacer la demanda de justicia que existe en el país. Es fundamental implementar la oralidad en el régimen civil y comercial, un procedimiento expedito para las pequeñas causas y los ejecutivos hipotecarios (Gómez, 2009).
Retos de la competitividad
Parece existir un consenso en que la integración en redes empresariales soluciona los problemas de competitividad de las empresas, no solo de las Pyme sino también de las grandes e incluso de las microempresas.
En diferentes países, Porter en sus estudios Monitor y en invitaciones particulares, promueve la utilización de esquemas productivos y de trabajo integrado en los sectores económicos, como herramientas indispensables para alcanzar ventajas competitivas. Estos estudios fueron la base para adelantar posteriores investigaciones que originaron políticas que incluían prácticas empresariales fundamentadas en las cadenas productivas. En la cadena de valor genérica, el autor hace referencia a este término como una forma de análisis de la actividad empresarial, mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en las actividades que generan valor. Lo anterior permite concluir que en cada empresa, que integra una cadena productiva, están inmersas las cadenas de valor.
En 1995, Bejarano realizó un estudio acerca de la relación entre cadenas productivas y competitividad, en el cual se hace una descripción del concepto de cadena productiva y aquellos términos relacionados con ella. Este autor vio en las cadenas productivas la mejor forma de aprehender los elementos del sistema pertinentes para el análisis de la competitividad. Así mismo, relacionó el concepto de cadena productiva con un campo de la organización económica, en el cual se genera una serie de eslabonamientos entre conjuntos de unidades de producción, los cuales participan tanto en la producción como en la distribución del producto desde que aparece como materia prima, hasta que sale del campo o es consumido. En esta medida, se afirma que la combinación de relaciones verticales y horizontales, las alianzas y rivalidades profesionales, la competencia por segmentos definidos de mercado y por ganancias, es lo que forma una cadena productiva (Bejarano, 1995).
Los beneficios que reporta la integración dependen de la capacidad productiva de las empresas y de la competitividad de cada una de ellas. De no ser así, se necesitaría comprar o vender en el mercado abierto para evitar incurrir en mayores costos (también se incluyen los costos de transacción) que ocasionarían desventajas competitivas.
El propósito de la integración empresarial se basa en la promoción de la generación de organizaciones productivas que adopten esquemas eficientes de relación entre empresas independientes, permitiendo a estas últimas lograr ventajas competitivas que no podrían alcanzar si operaran aisladamente. La respuesta más eficiente para esta problemática está tanto dentro de las empresas individuales como en factores externos y colectivos. La colectividad permite a las empresas individuales operar a niveles de eficiencia que de otra forma no podrían alcanzar (Garzón, 2005).
Diferentes mecanismos se han desplegado en las organizaciones para alcanzar estos propósitos: alianzas financieras, operativas, de mercado, de recursos humanos y administrativas. Este tipo de integraciones ha demostrado ser exitoso en contextos internacionales: clústeres (Kothandaraman y Wilson, 2001), distritos industriales (Guerrieri y Pietrobelli, 2004; Zeriali, 2005), cadenas productivas (Cerdan, 2005), aglomeraciones productivas (Caporali, 2005), mecanismos de desarrollo local (Conzanelli, 2004), sistemas agroalimentarios (Gis-Syal, 2010), entre otros. Estos esfuerzos han sido implementados con éxito (Porter, 1980); sin embargo es necesario para el contexto regional de los países en desarrollo y con dificultades de competitividad una aplicación conceptual que le dé apropiación y pertinencia para la dinamización de los procesos.
Una de las estrategias empresariales más efectivas para operar en el contexto competitivo de negocios es una gestión fuertemente basada en la generación de vínculos de colaboración con otros agentes del entorno cercano. A través de la especialización y la colaboración, las empresas pueden acelerar sus procesos de aprendizaje, alcanzar economías de escala y concentrarse en los ámbitos donde poseen mayores ventajas competitivas. En la economía global no son las empresas individuales las que compiten, sino las redes o cadenas de empresas junto a las instituciones con las que interactúan y que las apoyan en la generación de conocimiento (BID, 2002).
La integración empresarial, desde una aproximación basada en los resultados, favorece las posibilidades de las organizaciones que se integran, en las siguientes áreas (Garzón, 2005):
- Posibilita el reforzamiento de competencias
- Genera ventajas vía integración vertical
- Genera ventajas vía integración horizontal
- Produce las ventajas en eficiencia de estrategias coordinadas entre agentes
- Incrementa el poder de negociación de las empresas integradas
- Posibilita la creación de nuevas combinaciones de negocios, nuevas combinaciones de activos o nuevos usos de activos combinados
También existen ventajas de la integración entre los sectores público y privado, por ejemplo en cuanto permite consolidar el ejercicio empresarial asociativo, y, en la actualidad, la marca e imagen de una región (Garzón, 2005).
Cuando los agentes están articulados o agremiados, la problemática de la integración está referida a contradicciones o distanciamientos entre los intereses propios de los dirigentes y algunos intereses específicos de productores. Cuando los empresarios y productores no están articulados, el problema fundamental es la ausencia de un canal de comunicación con las instancias del acuerdo, y que conduce a marginamientos e intensificación del entorno competitivo (Roldán, 2004).
Para Velázquez (2004), la integración se hace indispensable la concertación de voluntades, el establecimiento de contratos formales de compromiso, la posibilidad de constituir nuevas formas jurídicas y evitar las prácticas de competencia desleal y oportunismo en el ejercicio de la misma. De otra parte, inspirados en la experiencia de los distritos industriales italianos, la promoción de asociaciones de Pyme regionales, locales, entre otras, genera una mayor participación en el mercado y un fortalecimiento de las mismas.
Por medio de la asociación se puede adquirir conocimiento, “know how”, I&D, materias primas. Los empresarios de las Pyme deberían utilizar sus capacidades de trabajo en red para recopilar información y construir alianzas. Una Red Personal se apoya en las relaciones entre empresarios y otros empresarios, proveedores, inversionistas, amigos, etc. Estos contactos personales pueden ayudarle a tomar decisiones más eficaces, proporcionándole información que reduzca la incertidumbre del negocio. Los empresarios de las Pyme deben elaborar redes personales a través de una búsqueda activa de individuos con los mismos intereses. Una red personal puede crearse a través de la participación en asociaciones profesionales, clubes de negocios, ferias comerciales y redes empresariales. Una empresa puede formar una red de cooperación Pyme con el objeto de sacar partido a los nuevos productos o servicios innovadores que éstos estén desarrollando. A través de las licencias, que proporcionan un acceso limitado a la tecnología, o de las alianzas estratégicas para compartir recursos, un empresario puede tener acceso a expertos de mercadeo y finanzas de las grandes corporaciones e incluso obtener dinero que permita ingresar a nuevos mercados. De esa manera se constituye una Red de Negocios que es un marco de alianzas creado entre diferentes empresas con el fin de alcanzar objetivos beneficiosos para todos (Velásquez, 2004).
De este esquema se sigue que la integración productiva de las Pyme y empresas grandes es posible en la medida en que existan mecanismos de organización de la producción a nivel local y estos se centren en el desarrollo de redes empresariales, las cuales han demostrado ser los motores ideales para impulsar la especialización y el aumento de productividad (Cepal, 2001; Chavarría, 2002; Farah, 2004).
La cooperación interempresarial que logra la eficiencia colectiva se traduce en reducción de costos que eleva la competitividad, al igual que aumenta las ganancias y los salarios, mejora las condiciones del trabajo y fortalece la flexibilidad y la capacidad de respuesta de la empresa a las condiciones cambiantes de la demanda del mercado (Maya, 2005). La competitividad en el nivel micro está basada en la interacción. El aprendizaje por interacción (learning-by-interacting) es clave en el proceso de innovación, especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas dinámicas. Asimismo, se plantea que un entorno que favorece la competitividad se encuentra arraigado en un sistema nacional de normas, reglas, valores e instituciones que definen los incentivos, lo cual moldea el comportamiento de las empresas y donde el Estado asume el papel decisivo de definir el desarrollo industrial y la reestructuración productiva de un país, especialmente en las nuevas y emergentes modalidades de gestión pública (Cepal, 2001).
Se considera entonces que para mejorar la capacidad competitiva y lograr una apropiada sinergia se necesita una base productiva local organizada y estructurada, externalidades derivadas de las economías de aglomeración y el aumento de eficiencia colectiva de una economía de aprendizaje.


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